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- El gobierno omite responder a observaciones de la CIDH sobre el juicio interpuesto
Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 42
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 42
Cinco años han estado a las afueras de la mina Pasta de Conchos en espera de justicia; desde el 19 de febrero de 2006, mes a mes han celebrado misas (44) frente a la sede de Grupo México para demandar el rescate de los restos de los mineros sepultados, y han interpuesto 40 recursos legales: son los familiares de los 65 mineros muertos. Siguen en resistencia, no cejan y ya lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tome su caso.
El gobierno ha pretendido dar
carpetazoal conflicto, a pesar de que hay dos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en favor de los deudos; ha buscado
cerrarla demanda presentada por los familiares de los mineros ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ha omitido responder a las observaciones que le hizo la CIDH hace cuatro meses sobre el juicio interpuesto contra el Estado mexicano.
La abogada de la Familia Pasta de Conchos, Cristina Auerbach; Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, y Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, hicieron un recuento de la batalla legal y social librada en cinco años. Denunciaron que el gobierno protege y encubre a los inversionistas de Grupo México, y solapa el estado de inseguridad y corrupción en la minería del carbón.
Más de tres centenas de deudos de la Familia Pasta de Conchos siguen en la lucha, porque el Estado mexicano
ha exhibido su falta de diligencia y voluntadpara hacer justicia. Siguen, porque se han violado sus derechos humanos, porque no ha habido una
reparación adecuada del daño, pero, sobre todo, porque continúan muriendo mineros, dejando un lastre de huérfanos y viudas en la región carbonifera, dijo Arriaga
Tras un lustro del
calvariolegal los deudos obtuvieron en septiembre de 2010 una resolución de la CIDH a su
petición de juicio contra el Estado mexicano, la cual no ha sido respondida aún por el gobierno de Felipe Calderón;
hay una falta absoluta del cumplimiento de las obligaciones internacionales, planteó el sacerdote Carlos Rodríguez, quien ha acompañado a deudos y mineros en esta lucha.
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