ABC de la impunidad

Dentro del avanzado proceso de sucesión presidencial para sustituir a Felipe Calderón, todo parece indicar que la norma jurídica rectora a aplicar en los próximos meses será sin duda: “a los amigos, gracia; a los enemigos, aplicación de la ley”. Así lo indica el sentido caso de los niños de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en el que la Contraloría General del Gobierno del Estado que encabeza el panista Guillermo Padrés -quien precisamente llegó a esa gubernatura empujado por la indignación de la ciudadanía sonorense ante la tragedia donde fallecieron 49 menores y quedaron severamente heridos otros 80- determinó inhabilitar por 10 años para ocupar cargos públicos a cinco ex funcionarios de la anterior administración del priista Eduardo Bours. Mientras, los altos burócratas de la administración calderonista implicados y que tiene una gran responsabilidad no sólo no se les ha tocado, sino que han sido protegidos con un alto blindaje federal de impunidad.

A dos años de la mayor tragedia infantil en México, ocurrida el 5 de junio de 2009, concluyó la investigación de la Contraloría del gobierno panista por el incendio de la Guardería ABC -que se derivó de un siniestro en una bodega conjunta que se trasladó a la estancia infantil, la cual no contaba con las medidas de seguridad mínimas, como lo confirmó el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en un oficio publicado en julio de 2005- y se encontró responsabilidad administrativa. La guardería subrogada por el IMSS fue una concesión directa del gobierno sonorense a personas cercanas a sus filas políticas y no cumplía con las medidas de seguridad contempladas por la ley.

El contralor del Estado, Carlos Tapia Astiazarán, informó que los funcionarios de la anterior administración del priista Bours que fueron declarados culpables por omisiones son: el ex titular de la Secretaría de Hacienda, Gilberto Inda Durán, por no colocar una unidad interna de protección civil en la bodega que inicio el incendio y luego afectó la estancia infantil; el ex director de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), Wilebaldo Alatriste Candiani, por omisiones en la inspección de la bodega contigua a la guardería; el jefe de Departamento de Control de Vehículos de la Secretaría de Hacienda Estatal, José Luis Melchor Islas, por ser el responsable de la bodega; y el coordinador ejecutivo de la Comisión de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales Rodríguez. El funcionario precisó que aún hay dos expedientes en trámite que están por resolverse en contra de ex servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, Fausto Salazar y Ernesto Vargas Gaytán.

Mientras que contra el ex gobernador priista Eduardo Bours, desaparecido de la escena política desde que dejó su cargo a finales del 2010, se tiene un amplio expediente que será utilizado en el momento en que los tiempos electorales sean adecuados para garantizar el mayo impacto mediático en contra de las aspiraciones del PRI de recuperar la Presidencia de la República, para los funcionarios integrantes de la actual administración federal que encabeza Felipe Calderón que estuvieron implicados, principalmente el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, premiado primero con la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y luego habilitado como operador político de Calderón en la dirigencia nacional del PAN como Secretario de Acción de Gobierno, así como el actual director del Seguro Social, Daniel Karam, se construyó todo un blindaje jurídico que les garantiza total impunidad. El caso de la Guardería ABC fue revisado hace un año por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en una resolución sumamente polémica y cuestionada los ministros determinaron que hubo serias violaciones a los derechos humanos de los infantes, pero se negó a señalar a los responsables directos.

La indignación de los padres de los niños fallecidos y heridos, del pueblo de Sonora y del pueblo de México en general se mantiene, así como la exigencia permanente y nunca acallada de “¡justicia!” que se les ha negado. Los afligidos padres están decididos a mantener con vida el caso ante la negativa de la administración federal calderonista de hacer justicia, para lo cual crearon un documental sobre el incendio titulado: “ABC: justicia, justicia, justicia”, elaborado por la organización civil México de Mente, que recoge precisamente los testimonios de los paterfamilias y que busca motivar la acción ciudadana sobre un caso que ha mostrado la incapacidad del Estado mexicano de dar justicia.

En la cinta que no tuvo como finalidad llegar a una conclusión sumaria ni emitir veredictos, sino mostrar la historia de las familias afectadas por la tragedia infantil, aparece el actual operador político de la dirigencia nacional del PAN, Juan Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, organismo público encargado de la regulación de las guarderías subrogadas, y quien es señalado por la organización Movimiento Ciudadano 5 de junio, integrado por algunos de los deudos, como uno de los principales responsables de la tragedia.

El padre de una de las niñas que fallecieron, Emilia, Abraham Fraijo, destacó que “es necesario documentar todo lo que ha sucedido tras dos años. La muerte de 49 niños es un parteaguas para darnos cuenta de la clase de servicios que se les da a los mexicanos y de cómo al gobierno le importa la infancia”.