lunes, 16 de mayo de 2011

Impunidad, mentira y muerte, signos permanentes de la administración de Calderón

La impunidad es la norma en la gestión de Felipe Calderón. La mentira, su único postulado de gobierno. La muerte, el signo permanente de su administración. La corrupción, el cinismo y la indolencia, las características de los integrantes de su gabinete. Su monumental obra: la pobreza y la miseria de la población. Su única herencia será puramente fúnebre. Generaciones de mexicanos lo recordarán siempre como el responsable de su orfandad. Lo único digno que podría hacer es presentar su renuncia al cargo y expiar sus culpas y las de todos sus funcionarios. Nada puede ya salvarlo del juicio de la historia.
Pero el trágico capítulo del calderonato aún no se cierra. Los cadáveres siguen acumulándose, los robos a la Nación están en marcha, aún en el Congreso de la Unión. La construcción del Estado policiaco-militar avanza a marchas forzadas y la única barrera que lo podrá detener será la movilización ciudadana. La misión de supervivencia de la sociedad mexicana libre y demócrata no será fácil ante la sordera y la ceguera que exhibe el inquilino de Los Pino frente a los reclamos ciudadanos, las críticas y juicios adversos de organismos internacionales, la descomposición y podredumbre de las instituciones del Estado, la indolencia y negligencia de sus titulares, ligados todos a su círculo personal.

El poeta Javier Sicilia se convirtió en el paladín del pueblo mexicano. Ayer condicionó el diálogo que propuso Felipe Calderón en días pasados. Sostiene con toda razón que debe ser público, que deben participar las víctimas de la guerra anticrimen y que debe llevarse a cabo en Palacio Nacional, no a puerta cerrada en el bunker en que se convirtió la residencia oficial de Los Pinos. Las condiciones ya le fueron comunicadas a Calderón y hasta el cierre de estas línea todavía no había respuesta. El afligido padre respondió al linchamiento mediático orquestado desde la oficina de prensa de Presidencia de la República y precisó que la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, no es el eje del movimiento ciudadano, pero sí sería una buena señal de apertura del calderonato.

Los temas centrales son, sin duda alguna, de mayor envergadura y tienen que ver con la supervivencia del Estado mexicano democrático. Con precisión fueron señalados en el pacto que se leyó el domingo pasado en el Zócalo de la Ciudad de México. El primer paso es la reasignación del contrato social, de la relación respetuosa y simbiótica Gobierno-Pueblo. Sicilia lo denomina “pacto ciudadano”, que deberá ser firmado el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua, la urbe más violenta del mundo y la localidad “ejemplar” del impacto de la guerra irregular detonada y operada por Felipe Calderón. Fundamental es el cambio en la estrategia de seguridad nacional, totalmente equivocada, mal planeada y peor dirigida y que no va llevar a la nave del Estado a ningún puerto seguro porque está constituida precisamente para lo contrario, para ampliar la violencia y perpetuar el combate. El saldo es totalmente negativo: miles de secuestros, más de 10 mil desaparecidos, 40 mil muertos, 92.8 por ciento de impunidad, aumento en el consumo de drogas, como sintéticamente lo describió Clara Jusidman, presidenta de Incide. Singular importancia tienen las reformas en materia política y, sin duda alguna, el tema de los derechos humanos.

La ciudadanía mexicana reclama al titular del Poder Ejecutivo Federal, le exige cuentas y transformación al Poder Judicial y ya rebasó al Poder Legislativo. Legisladores de todos los partidos lo advierten, pero sólo lo admiten los del PRD, PT y Convergencia, quienes empujan para que Javier Sicilia acuda a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a referir la crisis de inseguridad y violencia que vive el país, y a precisar las propuestas ciudadanas para hacer frente a este problema. Los cuantiosos recursos que se les pagan a Senadores y Diputados sólo han servido para elevar momentáneamente el nivel de vida de los representantes populares, pero no para hacerles funcionar el cerebro. Incapaces son de estructurar una solución al problema fundamental actual del Estado mexicano: la ola de violencia, la impunidad, la militarización, el avance acelerado hacia una dictadura.

La descomposición del Estado mexicano, la debilidad de la administración federal que encabeza Felipe Calderón, el hartazgo de la población son aprovechados por siniestros personajes del pasado que ahora recobran vigencia como el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, arquitecto del neoliberalismo mexicano, es decir de la imposición del capitalismo extremo, rapaz, que arrasó con el “Estado benefactor” mexicano y que encumbró primero a una tecnocracia, adiestrada en las universidades de Estados Unidos y responde a los intereses políticos y económicos del vecino del norte, y que evolucionó hasta nuestros días en una cleptocracia, cada vez más insaciable.
Impune, Salinas se pasea por todo el mundo, dicta conferencias, escribe libros y critica a diestra y siniestra, protegido por la enorme riqueza acumulada en tan sólo un sexenio y blindado por sus relaciones con la elite política estadounidense. Así, desde Madrid, España, califica a la movilización ciudadana iniciada por Javier Sicilia como un reclamo “muy serio” por la inseguridad que prevalece en el país, y recomienda a Calderón reconsiderar sus respuestas políticas, a que escuche la voz de la ciudadanía y que la tome en cuenta en la toma de decisiones. Sin embargo, lo anterior fue en respuesta a las acusaciones de los calderonistas en el sentido de que durante su administración no hizo nada para combatir al narcotráfico.

Les respondió que no busquen responsabilidad en el pasado, que en su gobierno se hizo “el mayor decomiso en la historia de cocaína”, que enfrentó a los capos de todas las organizaciones, “sin exceptuar ninguna”, como ahora se hace. Les recomendó atender las exigencias en materia de empleo, de seguridad, abrir oportunidades educativas a los jóvenes. Durante la presentación del libro “Democracia republicana: ni Estado ni mercado, una alternativa ciudadana”, sentenció que “es hoy la hora de los ciudadanos”.

Al apremiante panorama nacional descrito, el inquilino de Los Pinos, don Felipe Calderón, solo responde con mentiras, con falsedades, con ridiculeces, con amañadas estadísticas, que intentan lo imposible: ocultar la realidad. En su última entrevista con la prensa extranjera, esta vez con el periodista estadounidense Charlie Rose, sostuvo que en el corto plazo se podrá ver en México un declive de los niveles de violencia ligada al crimen organizado e incluso aseguró que se terminará con el problema del narcotráfico más rápido de lo que lo consiguió Colombia; dijo que ya se han estabilizado las cifras de homicidios gracias al combate contra los cárteles de la droga; señaló que de los más de 40 mil muertos producidos en su administración el 70 por ciento son saldo de la lucha entre las organizaciones criminales, 4 por ciento son policías y funcionarios abatidos y sólo 1 por ciento son personas inocentes y sin vínculos con los criminales -¿y el otro 25 por ciento?-. Dice que la corrupción no está en su administración, sino en los estados y municipios; insiste en la “inutilidad” de legalizar las drogas y rechazó la posibilidad de que México se convierta en un estado fallido. Justifica que “es más difícil pelear esta batalla cuando tu enemigo (los cárteles) reciben sus armas de Estados Unidos” y el mercado relevante para las drogas y el que determina los precios de los estupefacientes es precisamente el de ese país.

A todas luces es ridículo que Calderón evada su responsabilidad sobre lo que pasa en México dando consejos a los Estados Unidos sobre cómo enfrentar sus problemas derivados del consumo de drogas, oponiéndose a la legalización de las mismas cuando en norteamérica ese proceso está en marcha en el caso de la mariguana, eso es legalización.

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