Mientras el Banco Mundial advierte de los riesgos del desempleo y de los peligros de alteración social que éste, de persistir, desencadenaría en varios países, en México la política laboral de Felipe Calderón, implementada por Javier Lozano, secretario del Trabajo y Previsión Social, enfrenta a los trabajadores y a sus sindicatos en aras de favorecer a grandes empresas, particularmente trasnacionales, aunque en el proceso decenas de miles de trabajadores sean arrojados a las calles y se vean en la necesidad de retomar la movilización popular para enfrenar el embate oficial y, al mismo tiempo, incorporarse a la economía informal para sobrevivir.
Los funcionarios de esta administración panista se niegan incluso a rendir cuentas de sus truculentas y nefastas actuaciones ante el Congreso de la Unión, con una insoportable soberbia y un descarado cinismo. La andanada de criticas y cuestionamientos por parte de los legisladores de oposición no les hacen mella pues cuentan con la aprobación y la complicidad de su jefe, el inquilino de Los Pinos, quien alguna vez, en plena campaña por la presidencia de la República, aspiró a convertirse en el “presidente del empleo” y la actual realidad del país lo tiene catalogado no sólo como uno de los mandatarios más nefastos que ha tenido México, sino además como un enemigo declarado de los trabajadores mexicanos.
Las mentiras, las verdades a medias, los engaños abiertos, han sido la tónica de los funcionarios de las secretarias del Trabajo, de Economía, de Hacienda y Crédito Público en torno al crecimiento económico, la creación de infraestructura, la “generación de empleos”, mencionándose incluso cifras récord, cuando la realidad los desmiente cada día, pues no solamente no se han generado nuevas fuentes de empleo sino que ni siquiera se ha alcanzado a recuperar un porcentaje considerable de los que se perdieron el año pasado, en el transcurso de la crisis económica internacional, que fue acentuada en México por la “emergencia” de la influenza y, sobre todo, por los errores de conducción económica del calderonismo.
Han sido largos y sacrificados los enfrentamientos que gremios tan importantes como el del Sindicato Mexicano de Electricistas, los trabajadores de tierra y aire de Mexicana de Aviación, y los mineros de Cananea y otras regiones del país, tienen con la administración de Felipe Calderón que se ha caracterizado por una defensa irrestricta, irracional a los intereses de poderosos grupos empresariales, nacionales y extranjeros. No obstante, la resistencia de los trabajadores mexicanos ante la política fascista del michoacano les ha permitido mantenerse en pie de lucha y, seguramente, en el largo plazo los llevará a triunfar aunque tenga que pasar completo el periodo de la gestión de Calderón.
La extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue una decisión ilegal e inconstitucional, además de totalmente dañina para el interés de la Nación y no se diga ya de los propios trabajadores, pues 45 mil ellos fueron arrojados a la calle con tan sólo un plumazo. Tal parece que panistas y priistas que apoyaron este hecho le extendieron un cheque en blanco a Felipe Calderón para que hiciera lo que le viniera en gana con lo que quedó de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, sin importar la grave baja en la calidad del servicio de suministro de energía eléctrica que, así, se encareció a grados superlativos para los consumidores mexicanos, quienes además enfrentan ahora constantes apagones.
Ante el incumplimiento de los compromisos de las autoridades federales, los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acordaron el miércoles pasado, durante una magna asamblea extraordinaria celebrada en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México –en donde se concentraron 16 mil electricistas en resistencia y casi 10 mil jubilados y sus familias- “volver a las calles” en acciones contundentes ante el “sinuoso, atropellado y lento camino” que ha significado la mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación. Los trabajadores electricistas informaron que realizarán movilizaciones, el próximo sábado frente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y el día 11 una marcha y concentración en el Zócalo capitalino, en donde realizarán una asamblea de usuarios para recordar el “fatal” primer aniversario de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El líder de los electricistas, Martín Esparza, advirtió que Francisco Blake, secretario de Gobernación, y Javier Lozano, titular de la STPS, •”serán los responsables de lo que pase en las calles, porque no han cumplido los acuerdos que se tomaron a cambio de levantar la huelga de hambre que realizaban varios electricistas en un campamento del zócalo”. Sentenció que si no es por la vía de la negociación que los electricistas regresen a trabajar, será por la legislativa y para tal efecto se entregó a una comisión de diputados del PRI una iniciativa de ley para que se cree un organismo, empresa o una nueva comisión de electricidad del centro, que será impulsada por legisladores priistas y esta siendo consensuada con diputados del PRD, PT y Convergencia para que la apoye. Se plantea que dicha iniciativa se discuta de inmediato en el Legislativo y que, incluso, se contemple dentro de la revisión del Presupuesto de Ingreso y Egresos 2011.
En el ámbito judicial, el SME inició ya las argumentaciones de sus denuncias por despido injustificado, interpuestas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). El SME sostiene que la CFE (Comisión Federal de Electricidad) debe contratar a los ex empleados de Luz y Fuerza del Centro porque opera en la zona de influencia del extinto organismo y, por ello, se convierte en patrón sustituto, figura contemplada por la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 41 señala que la sustitución patronal procede cuando un patrón o empresa transmite a otra diversa, por cualquier título, los bienes esenciales del establecimiento, con el ánimo de continuar la explotación del negocio. Cabe recordar que el día 11 de octubre, día de la emisión del decreto presidencial para concluir la vida de LFC, la Secretaría de Energía traspasó la operación y los bienes del organismos a CFE, a fin de no interrumpir el suministro de energía en la zona central del país.
Además, el SME promoverá una demanda de nulidad del decreto de extinción ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que ese no fue antecedido por un dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoría (Cofemer), paso necesario para dar validez a la publicación y puesta en vigor de cualquier decreto. “Al no haberse satisfecho ese requisito, afirman, el acto (decreto) no produce ningún efecto”, puntualizó.
Fuente de información, Lilia Arellano - Opinión EMET
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