Mientras en Francia crecen las protestas de la población contra la reforma del presidente Nicolas Sarkozy de alargar la edad de jubilación de 60 a 62 años, aquí la oligarquía se empecina en liquidar de una vez por todas las pocas medidas sociales que favorecen a las clases mayoritarias. El contraste es muy claro entre un país y el otro, allá la sociedad protesta por algo que aquí no es cuestionado, pues en los hechos la jubilación sólo es un derecho que ejercen cada vez menos mexicanos. En Francia la elite no puede actuar impunemente en contra de los asalariados, mientras que aquí pueden hacer lo que se les antoje los pocos privilegiados que deciden el rumbo abiertamente fascista de las instituciones.
Ante tal situación, es válido preguntarse qué no harían las organizaciones de trabajadores de la nación europea si tuvieran que enfrentar las embestidas antidemocráticas de la oligarquía mexicana. Si por algo tan nimio, como prolongar la edad de jubilación apenas dos años, tienen al país prácticamente paralizado, no es difícil imaginar lo que haría la sociedad gala para frenar el fascismo al estilo mexicano. El gobierno caería ante la fuerza de las protestas, como así puede ocurrir realmente si Sarkozy no recula en su reforma laboral, infinitamente menos drástica que la que pretende imponer aquí Felipe Calderón en beneficio de la oligarquía.
Tal contraste nos deja ver el éxito de los pocos beneficiarios del progreso en nuestro país para imponer sus condiciones a un sistema político que claudicó de su obligación constitucional de salvaguardar los derechos sociales de la población mayoritaria. Así se confirma que la tecnocracia neoliberal dio un golpe de Estado técnico que cambió el rumbo de las instituciones para ponerlas al servicio exclusivo de unos cuantos oligarcas, previo pago de prebendas por el extraordinario servicio, como lo dejan ver las incalculables riquezas que poseen los tres últimos mandatarios.
Tal situación es impensable en Francia, donde la clase política está imposibilitada legalmente para cometer todo tipo de tropelías y corruptelas, como sucede en México. Si en la cuna de la democracia moderna pretendiera surgir un émulo de Carlos Salinas de Gortari, inmediatamente iría a parar a la cárcel y sus riquezas mal habidas le serían incautadas. Igual sucedería con pseudo políticos al estilo de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Sin embargo, aquí se les admira y se les tienen consideraciones inmerecidas, a pesar de los daños tan enormes a las clases mayoritarias y al país.
Aquí, en muy poco tiempo no sólo se desmanteló la economía para acomodarla al gusto de la oligarquía y de los inversionistas extranjeros que explotan las riquezas del país, sino que se liquidaron las organizaciones progresistas y democráticas que se oponían a la implantación del antidemocrático proyecto neoliberal. En cambio, en la tierra de los Enciclopedistas las organizaciones de trabajadores se mantienen como un gran escudo en defensa de la democracia real, como lo están manifestando firmemente en las actuales movilizaciones.
Queda de manifiesto, ante semejante contraste, que se llegó demasiado lejos en nuestro país en detrimento de la democracia y de la calidad de vida de la inmensa mayoría de mexicanos. Si de por sí, cuando el PRI corporativo, la ley no escrita del movimiento pendular fue insuficiente para frenar las desmedidas ambiciones de la oligarquía, no obstante su eficacia política, a partir del entronizamiento del neoliberalismo la situación tomó un rumbo abiertamente fascista que a la fecha es el mayor peligro para la gobernabilidad del país. Lo único que ha evitado un estallido social de alcances impredecibles es la pasividad del pueblo, despolitizado en buena medida por Televisa, principalmente, y otros medios electrónicos.
Sin embargo, ante la gravedad de la pobreza y la cada vez más baja calidad de vida de la inmensa mayoría de mexicanos, puede afirmarse sin temor a equivocación que las condiciones objetivas para un desbordamiento de la ira popular están dadas. Basta ver cómo hay cada vez más episodios de gente haciendo justicia por su propia mano, junto a sucesos donde grupos de la delincuencia organizada son los que controlan la vida social, económica y política de poblaciones rurales. Mientras tanto, como si nada de esto ocurriera, la burocracia dorada tiene como única prioridad servir fielmente a la oligarquía para realizar jugosos negocios, y a toda costa busca legitimar el uso de la fuerza del Ejército para reprimir las justas protestas sociales.
Por eso es muy alentador que cada vez haya más conciencia sobre el imperativo de que las fuerzas progresistas se unifiquen en torno a un programa reivindicador, y de quien hasta ahora ha demostrado capacidad, visión y entrega para llevarlo a cabo: Andrés Manuel López Obrador. De ahí que sea encomiable la integración de organizaciones como la recién creada Encuentro, que reúne a empresarios, intelectuales, políticos de todo signo y representantes de organizaciones sociales, en franco apoyo a la candidatura de AMLO en el 2012.
Fuente de información, Guillermo Fabela Quiñones - Opinión EMET
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