Martín Esparza Flores
Si los legisladores del PRI que
levantaron la mano para aprobar la contrarreforma laboral pensaron que
sus correligionarios se iban a cruzar de brazos, están muy equivocados;
la insurrección de los militantes del tricolor en su contra ya se está
gestando y con sobradas razones pues nadie, con dos milésimas de sentido
común, puede aceptar que tal agresión a los trabajadores y a los
sindicatos sea aprobada por quienes, en sus documentos básicos, dicen
ser defensores del pueblo.
Si analizamos lo que establecen los
principios ideológicos del PRI, que regresará a Los Pinos el próximo
diciembre, podemos observar que en su capítulo III, donde se establece
su “Compromiso con la Igualdad y los Derechos Sociales”, en su punto 72,
señala: “El mayor reto que tenemos los mexicanos como nación es abatir
la pobreza y la desigualdad que obstaculizan el pleno ejercicio de los
derechos sociales establecidos en la Constitución, e impide a millones
de personas acceder a los beneficios del desarrollo”.
En el punto 73, se dice: “En el PRI,
ratificamos nuestro indeclinable compromiso en la defensa de las
conquistas sociales. No aceptaremos, bajo ninguna circunstancia,
retroceder en los derechos constitucionales en materia de educación,
salud, trabajo, campo, equidad de género y justicia para los indígenas”.
Y en su punto 75, dejan establecido:
“Tenemos la convicción de que para avanzar en la disminución efectiva de
las desigualdades sólo podremos lograrlo con un desarrollo económico
distributivo más acelerado y perdurable, que genere empleos formales
mejor remunerados para que los trabajadores y sus familias puedan
mejorar sus condiciones de vida”.
La pregunta que se hacen con toda razón
no sólo los militantes del tricolor sino los mexicanos que les
refrendaron su confianza en julio pasado es: ¿cómo van a cumplir con sus
compromisos establecidos en sus documento básicos con una reforma
laboral como la que aprobaron en el Congreso de la Unión? Su contenido, y
no podrán negarlo los legisladores de ese partido, es todo lo contrario
a sus postulados partidistas.
Ahora que organizaciones adherentes al
PRI, pertenecientes a la CTM y al Congreso del Trabajo (CT), se han dado
cuenta de las gigantesca pifia política y legislativa que cometieron
sus diputados y senadores, se prepara una auténtica rebelión para echar
atrás los destrozos no sólo ideológicos sino legales que se cocinaron al
más puro estilo panista en ambas cámaras.
Por ello, ya hay acuerdos como la
celebración de la Primera Convención Nacional de Trabajadores contra la
Reforma Laboral, pactándose las acciones a seguir para echar abajo este
atentado en contra de millones de mexicanos; además, y de manera
conjunta, en lo que será un hecho histórico, se verán juntos en
marchas, plantones y otras estrategias a realizar a sindicatos
independientes y del CT, convocándose además a una gran consulta a los
trabajadores para estallar la huelga nacional el próximo 20 de
noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana.
La molestia generalizada es por demás evidente pues, con la legalización de las outsourcings
y los contratos de prueba, la sindicación está herida de muerte y con
ello el futuro de muchos sindicatos corporativos con los que por muchos
años el PRI cimentó su sector obrero.
Por donde quiera que se le vea, la
reforma laboral es un claro retroceso a los derechos ya adquiridos por
la clase trabajadora. No se puede defender lo indefendible y eso lo
saben perfectamente las propias organizaciones priistas que ahora
tomarán por asalto las calles y plazas públicas ante la traición
cometida por sus representantes en el Congreso, los que ahora,
seguramente, ya no sabrán dónde esconder la cabeza. Avestruces
legislativas, para ser exactos.
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