El Diputado César Augusto Santiago reconoce la ineficacia del Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro, expedido por Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y reclama al Secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, la razón por la cual se consintió su publicación y su cumplimiento.
Por tal motivo, responsabiliza al Gobierno Federal por haber omitido someter dicho Decreto a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y requiere la presencia del Presidente de la República en el H. Congreso de la Unión a fin de que explique tanto éste cómo otros temas e inconsistencias que redundan en perjuicio de los intereses públicos, lo que a su criterio implica graves responsabilidades que deben dilucidarse.
La exposición del Diputado Santiago, es congruente y hace sentido con los argumentos de ineficacia que fundan las acciones administrativas del Sindicato Mexicano de Electricistas, en defensa de sus agremiados y su fuente de trabajo Luz y Fuerza del Centro.
Es apreciable visiblemente, que en el seno de la Cámara de Diputados, existe la inquietud respecto del cumplimiento del Decreto referente y de las “Acciones de Facto” tendientes a la liquidación de LyFC y a la privatización del sector eléctrico.
Probablemente, estamos en presencia de la gestación de una corriente legislativa orientada a reconocer la vigencia del organismo, pretendidamente extinto, y ante tal situación, se configura la posible resolución del conflicto generado por la resistencia pacífica del SME, en obsequio de la reivindicación de sus derechos y la reinstalación de los mexicanos electricistas que con dignidad libertaria, han renunciado a la indemnización ofrecida por el gobierno panista, especialmente por conducto del Secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, quien tendenciosamente trata infructuosamente de dividir a los smeítas.
Las afirmaciones de César Augusto Santiago, ponen de manifiesto que el embate contra el SME y el propósito de desaparecer a Luz y Fuerza del Centro, representan la acreditación plena de responsabilidad administrativa que da lugar a la procedencia de Juicio Político en contra de los protagonistas del actual gabinete, que participaron directa e indirectamente en los hechos infractores de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los dispositivos insertos en su Título Tercero A
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