jueves, 14 de octubre de 2010

MAFIA ASESINA EN PASTA DE CONCHOS

El extraordinario rescate de 33 mineros chilenos de la mina San José contrasta con lo ocurrido en México el mes de febrero de 2006, en Pasta de Conchos, Coahuila, donde se dejó literalmente morir a 65 trabajadores, que fueron víctimas de la ambición, la incompetencia y la negligencia. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, lo describió contundentemente: “en Chile, el gobierno federal y los empresarios se unieron para un rescate de mineros, y en México se unieron para impedirlo”. El exiliado líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, acusó también que “en México se abandonó a los trabajadores de Pasta de Conchos, en Chile, en condiciones más complicadas, se está logrando el rescate de 33 mineros atrapados”.
También el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, imputó que el gobierno en turno no atendió las recomendaciones emitidas para el rescate de esos trabajadores. Las acusaciones son directas, categóricas, definitivas: los responsables de la muerte de los mineros mexicanos son la empresa Industrial Minera México, del Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, y la administración federal de Vicente Fox.



Ante el dedo acusador de toda la sociedad mexicana por el homicidio de los trabajadores mineros en la mina de carbón en San Juan de Sabinas, en la región de Nueva Rosita de Coahuila, México, el ex secretario del trabajo, Francisco Salazar, sujeto en el que por lo que se ve no cabe el menor remordimiento por esas muertes, clama “evitar comparaciones” entre los mineros rescatados en el yacimiento, San José, Chile, y los que murieron en Pasta de Conchos. El actual vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, justificó que “se trata de dos escenarios totalmente diferentes; la mina de Chile es una mina de cobre, el cobre es un mineral inerte, que no explota. La mina de México era una mina de carbón y el carbón por definición es un explosivo”.



El ahora diputado del partido Acción Nacional elude el hecho de que Pasta de Conchos es una mina de carbón en un terreno más suave, donde quedaron sepultados los mineros que estaban a una distancia de 120 metros de profundidad, en Chile estaban a 700 metros, en condiciones mucho más complicadas, y trata inútilmente de hacer frente a las acusaciones directas de amplios sectores de la sociedad que lo señalan como uno de los principales responsables de la muerte de esos mineros. Hay que destacar que tras esa tragedia, el funcionario que fue revestido de impunidad y, tarde o temprano, tendrá que ser sometido a juicio no sólo popular, en el cual ya ha sido sentenciado y declarado culpable, sino judicial.



Durante una entrevista radiofónica, el Obispo de Saltillo, Raúl Vera, acusó que ni la administración de Vicente Fox ni la de ahora de Felipe Calderón, quiere recuperar los cuerpos en Pasta de Conchos, ya que, explicó “sí se encuentran juntos cerca del tiro de la mina, se confirmaría que estaban vivos y en espera de ser rescatados”. Durante una amplia exposición de los hechos, Vera descalificó los argumentos en relación a que la mina tenía muchas bacterias, lo que presuntamente impedía el rescate de los cadáveres, y sostuvo que una empresa realizó un video con rayos infrarrojos dónde se demuestra que la estructura donde trabajaban está completa. También refutó las afirmaciones en el sentido de que la explosión fue tan grande que destruyó los restos.



El Obispo de Saltillo reprobó que la Procuraduría General de República (PGR) archivará sin razón la averiguación previa sobre el caso, y señalo que aunque activistas lograron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación, el documento sigue cerrado. También señaló que existe una factura donde se comprueba que las vigas fueron removidas para ahorrar, lo que ponía en riesgo la vida de la mineros.



Por su parte, el exiliado líder del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien ha sido sometido a una persistente persecución por parte de las administraciones federales panistas, acusa que en México se abandonó a los trabajadores de Pasta de Conchos y contrasta que en Chile en condiciones más complicadas se está logrando rescatar a los 33 mineros atrapados, quienes se encontraban a 700 metros de profundidad, mientras que en Pasta de Conchos se encontraban a sólo 150 metros. El rescate en la mina de San José, destacó, “representa una condena moral de la humanidad contra los responsables de la tragedia de Pasta de Conchos, contra la empresa de Grupo México y su presidente Germán Larrea, contra los gobiernos de Vicente Fox y ahora el actual de Felipe Calderón”. Gómez Urrutia subrayó que “la imagen de Chile crece en el mundo, se convierte en el gigante de América Latina, mientras que la imagen de México se vuelve el enano de América Latina”.



A su vez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Placencia Villanueva, acusó que el gobierno de Vicente Fox no atendió las recomendaciones emitidas para el rescate para los más de 60 trabajadores de la mina atrapados en Pasta de Conchos. Sostuvo que “es lamentable que México no haya emprendido el mismo esfuerzo que Chile para enfrentar con éxito el estallido en la mina Pasta de Conchos, donde resultaron 65 víctimas en el 2006”. Y agregó que “aquí lo importante es analizar que en Chile sí se llevó a cabo un esfuerzo para rescatar esas vidas, en el caso mexicano, hemos visto que no se logró”. Placencia Villanueva imputó que la culpa de esto la tienen tantos los empresarios, los dueños de la mina, como también los titulares de las secretarias encargadas, precisamente de supervisar, de vigilar, las tareas de rescate y operación de estás minas.



Hasta donde se ha podido conocer sobre los antecedes de la explosión de Pasta de Conchos, las evidencias señalan que se trató de “un crimen en nombre de la rentabilidad”, en el que destaca la complicidad de los dueños del carbón, Grupo México, del gobierno Federal que encabezaba Vicente Fox, de los funcionarios y burócratas de la Secretaría del Trabajo; la negligencia de los inspectores y de la dilación estatal de las pesquisas. En la explosión de Pasta de Conchos es evidente el contubernio de la autoridad laboral con la empresa: los inspectores no realizaron su papel, ni las juntas de Conciliación y Arbitraje, lo que fue en perjuicio de los trabajadores incluso a riesgo de su propia vida. Las violaciones a la ley dieron un mayor margen a la iniciativa privada.



Investigaciones posteriores revelan que la tragedia pudo evitarse sí los equipos de detectores “no hubieran sido adulterados para no dejar de funcionar cuando el nivel de gas fuese peligroso, sí se hubieran tomado las medidas para detectar cualquier fuga de gas y si Grupo México hubiera reforzado los arcos del túnel”. Para nadie era un secreto que no existían condiciones para que los trabajadores arrancaran carbón a la beta. Se comprobó que el nivel de gas metano superaba el 52 % cuando el permisible es apenas del 1%. De acuerdo a las declaraciones de los familiares de los mineros, éstos se habían quejado desde tiempo atrás de la alta concentración de gas en la mina, muy por encima de los estándares legales para poder trabajar. Por las adversas condiciones que enfrentaban, se tienen los antecedentes de que los mineros habían estado en huelga por lo menos 14 veces, no sólo por incremento de salario sino también por su constante negativa de revisar las medidas de seguridad y salud.



Cabe resaltar que la explosión en Pasta de Conchos ocurrió aproximadamente a las 2:30 horas del 19 de Febrero del 2006, y que de inmediato iniciaron las labores de rescate pues se sabía que cada minero tenía una reserva de transformación de CO a CO2 de 6 horas. La esperanza de encontrarlos con vida se desvaneció conforme avanzaron las horas. Hacía el 21 de Febrero se empezó a perder esa expectación. El 23 de Febrero se logró tener acceso a la parte del túnel de la mina donde se esperaba encontrar a 2 de los trabajadores atrapados pero no había nadie. Al día siguiente se avanzó hacía la mitad de la mina, de 2.8 kilómetros de profundidad, donde esperaban encontrar a 24 mineros, pero tampoco había nada. El 24 de Febrero Grupo México suspendió abruptamente la búsqueda porque, argumentó, había grandes concentraciones de gas natural. El 25 de Febrero esta empresa decretó que no había posibilidad alguna de supervivencia tras la explosión de metano. El 26 de Febrero el Secretario de Trabajo, el tristemente célebre Francisco Javier Salazar, anunció que la mina sería cerrada indefinidamente.



A pesar de que fue hasta el 23 de Junio del 2006 cuando se recuperó un primer cadáver de uno de los mineros muertos en la mina Pasta de Conchos, de nombre Felipe de Jesús Torres Reyna, que contaba con 49 años de edad, y que el primero de Enero del 2007 fue localizado y rescatado el cuerpo de un segundo minero en la explosión, José Manuel Peña Sauced, y que las autoridades federales y la empresa industrial minera México señalaron que seguirían las labores de rescate, esto no ocurrió y además se comprobó que un rescate más expedito hubiera podido tener más oportunidades de éxito.



En esa tragedia hay que destacar que Germán Larrea y Grupo México se vieron económicamente beneficiados por la explosión al cambiarse la ley de explotación del metano, que impedía a las mineras el usufructo de este gas producido naturalmente en la explotación de minas del carbón, lo que fundamente las acusaciones de negligencia que enfrenta la compañía por no dar solución a las comprobadas notificaciones y alertas de seguridad que habían recibido los administradores de la mina.



Aquí también los contrastes ofenden pues hay que señalar que el costo de la operación de rescate de los 33 mineros atrapados desde el 5 de agosto en el yacimiento San José, en el norte de Chile, asciende a unos 22 millones de dólares, de los cuales la estatal Corporación del Cobre (Codeloco), la mayor productora del cobre del mundo, ha desembolsado para esa operación unos 15 millones de dólares, lo que representa el 75 por ciento del monto total del rescate. Uno de los mayores costos que asumieron las empresas privadas fue el uso de la perforadora SchraamT-130, la máquina que logró llegar a hasta los 630 metros de profundidad y cuya operación diaria costó alrededor de 18 mil dólares. Es de destacarse el hecho de que gran parte de dicha operación afectó contratos de servicios y abastecimientos entre las empresas proveedoras y las grandes compañías mineras, de acuerdo con una investigación del diario chileno La Tercera.



Así, mientras en todo el mundo el rescate de los mineros en Chile ha causado algarabía –al cierre de estas líneas ya habían sido rescatados los 33 trabajadores atrapados concluyendo el exitoso rescate-, en México se ha abierto más una herida aún no cerrada. El excelente trabajo del gobierno chileno contrasta con la ineptitud, la corrupción y la incompetencia de la administración de Vicente Fox y la de Felipe Calderón. Aún hasta nuestros días se cuestiona que se haya entorpecido las labores de rescate, pues se presume que si aún cuando no se hubieran hallado sobrevivientes, los servicios forenses habrían determinado las causas de la muerte, con lo que los familiares habrían tenido la opción de demandar a la empresa de Germán Larrea por las condiciones laborales.



Fuente de información, Lilia Arellano - Opinión EMET

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