Publicado: 11/05/2010 19:05
México, DF. Diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), con el argumento de que el presidente Felipe Calderón invadió la esfera de competencia del Congreso al declarar la
desaparición de dicha empresa sin el aval del poder legislativo.
La demanda que interpusieron los legisladores Ramón Jiménez, Banfredo Vargas y Agustín Guerrero ante la oficialía de partes del máximo tribunal tuvo como marco una manifestación afuera de la sede de la Corte, en la que
“felizmente coincidieron” integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con familiares y organizaciones que demandan la libertad de los presos de Atenco que están recluidos en los penales de Molino de Flores y del Altiplano.
El legislador Ramón Jiménez López aseguró en entrevista que el presidente se extralimitó en sus funciones, pues la facultad para emitir un decreto de extinción sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
Agregó que el mandatario sólo se basó en el Artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, no obstante que su Artículo 15 establece que para extinguir cualquier organismo descentralizado se deberán seguir los mismos pasos que se dieron para su creación. Jiménez López subrayó que la creación de Luz y Fuerza "fue resultado del Legislativo, que hizo modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el Artículo 4 transitorio, que ordena al Ejecutivo la creación de este organismo descentralizado".
Acompañado del senador Walter Vargas Cortés subrayó que el criterio de la Suprema Corte aplica en este caso debido a que puntualiza que mientras existan omisiones que no sean subsanadas, "el tiempo para presentar la controversia se actualiza día con día". La presentación de este recurso se dio en el marco de una protesta que llevaron a cabo integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al exterior de la sede de la Corte, quienes pidieron a los ministros revisar el amparo que se promovió contra este decreto de extinción. En marzo, el máximo tribunal del país aceptó revisar, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), el amparo que negó la jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar, Guillermina Coutiño Mata, contra la desaparición del organismo descentralizado.
desaparición de dicha empresa sin el aval del poder legislativo.
La demanda que interpusieron los legisladores Ramón Jiménez, Banfredo Vargas y Agustín Guerrero ante la oficialía de partes del máximo tribunal tuvo como marco una manifestación afuera de la sede de la Corte, en la que
“felizmente coincidieron” integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) con familiares y organizaciones que demandan la libertad de los presos de Atenco que están recluidos en los penales de Molino de Flores y del Altiplano.
El legislador Ramón Jiménez López aseguró en entrevista que el presidente se extralimitó en sus funciones, pues la facultad para emitir un decreto de extinción sólo le corresponde al Congreso de la Unión.
Agregó que el mandatario sólo se basó en el Artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales, no obstante que su Artículo 15 establece que para extinguir cualquier organismo descentralizado se deberán seguir los mismos pasos que se dieron para su creación. Jiménez López subrayó que la creación de Luz y Fuerza "fue resultado del Legislativo, que hizo modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en el Artículo 4 transitorio, que ordena al Ejecutivo la creación de este organismo descentralizado".
Acompañado del senador Walter Vargas Cortés subrayó que el criterio de la Suprema Corte aplica en este caso debido a que puntualiza que mientras existan omisiones que no sean subsanadas, "el tiempo para presentar la controversia se actualiza día con día". La presentación de este recurso se dio en el marco de una protesta que llevaron a cabo integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) al exterior de la sede de la Corte, quienes pidieron a los ministros revisar el amparo que se promovió contra este decreto de extinción. En marzo, el máximo tribunal del país aceptó revisar, a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), el amparo que negó la jueza Primero de Distrito del Centro Auxiliar, Guillermina Coutiño Mata, contra la desaparición del organismo descentralizado.
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